Comunidades de vecinos y legislación

Fincas que lo ven todo - Foto: Uly Martín

Las comunidades de propietarios se defienden de los robos.

En la Comunidad de Madrid la instalación de sistemas de videovigilancia en viviendas ha aumentado un 12% en el último año, según el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Las mancomunidades, de unos 150 vecinos, situadas en los nuevos desarrollos urbanísticos, como Sanchinarro, Las Tablas o el Ensanche de Vallecas, son sus principales clientes.

En el 98% de las comunidades con garajes se ha producido al menos un incidente durante los últimos seis meses, señala Ángel Maizonada, gerente de videovigilancia de Securitas Direct para Madrid. Y es que tanto los accesos peatonales a las fincas como a los garajes son los puntos débiles de cualquier comunidad.

"En nuestro caso, la demanda de circuitos cerrados de televisión ha aumentado un 150% en los últimos cinco años", según Ubaldo López, presidente de Comunalia. Aunque todavía "son muchas las comunidades que siguen contratando las instalaciones al hermano de algún propietario, al electricista o antenista de turno y no a empresas de seguridad homologadas, con lo que muchas veces los materiales no están homologados", explican en Prevent Seguridad. La vigilancia a través de cámaras permite controlar la finca generando el envío de alarmas a puestos locales o remotos.

En los edificios ya existentes, las nuevas técnicas de comunicación por IP facilitan las instalaciones, sin tener que realizar el cableado convencional, que tiene dificultades y aumenta el coste, dice Fernando Moreno, director comercial de Grupo Seguriber.

Una instalación debe contar con una cámara cada 25 metros que cubra ángulos y debe situarse en los accesos de carruajes y peatones. La instalaciónmedia tiene seis o siete cámaras para 90 vecinos. El coste medio de la instalación es de 5.500 euros y la cuotamensual del servicio asciende a 120 euros, según Securitas Direct.

Lo ideal es que el conserje vigile las cámaras de seguridad. Sin embargo, en algunas comunidades no existe y "el videograbador se encuentra en cuartos comunes, como el de calderas o el de limpieza", señala Andrés González, director general de TG Grupo. El servicio de conserjería 24 horas cuesta en torno a 14 euros la hora, señala el presidente de Comunalia, empresa que también proporciona servicio de conserjería. Garajes siempre vigilados Poner una o varias cámaras en el garaje es clave para incrementar la seguridad.

Para impedir los copiadores de frecuencia que abren un garaje, Comunalia desconecta el sistema eléctrico a partir de las 10 de la noche. El conserje abre la puerta manualmente controlando así quién entra y sale. "En el caso de las comunidades sin conserje, las imágenes pasan a una central receptora y es un vigilante quien controla las entradas y salidas", indica González.

Hay otros sistemas mucho más efectivos, como el acceso con tarjeta personal o mandos codificados. Más caros y de momento poco demandados en el sector residencial son los lectores de matricula de los vehículos, cuyos precios se mueven entre 10.000 y 12.000 euros. Uno de los sistemas más eficaces para evitar la entrada de intrusos en la finca es el videoportero, que ya incluyen el 90% de las promociones nuevas.

En el caso de edificios existentes, las empresas de seguridad tratan de promocionar estos equipos, pero el coste y la instalación no ayudan. Un portero automático cuesta unos 100 euros, mientras que un videoportero sale por unos 300 euros por vivienda.

"El principal problema es el cableado, aunque muchas veces es posible aprovechar parte de las instalaciones ya existentes", indica el responsable de Grupo Seguriber.

Con el visto bueno de los vecinos

La Ley de Propiedad Horizontal indica que "el establecimiento o supresión del servicio de vigilancia requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación".

Si el servicio de seguridad ya existiera, el acuerdo podrá ser adoptado por la mayoría de los propietarios. Aprobado el sistema, la Ley de Protección de Datos obliga, de forma ineludible, a colocar en las zonas vigiladas al menos un distintivo informativo ubicado en lugar visible y a no obtener imágenes de espacios públicos, salvo que sea imprescindible para la vigilancia, y a cancelar las grabaciones en el plazo máximo de un mes.

En caso de crearse ficheros de datos deberá comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos.