Ley del suelo. (Fuente Gesvalt) - Foto: El País

Este año la Comunidad de Madrid implantará en Internet un servicio que facilitará al ciudadano obtener una valoración previa automatizada de sus bienes inmuebles para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones. Si se declara un valor igual o superior al obtenido a través de la red, la comunidad no comprobará los valores. El Gobierno regional ha desarrollado un sistema que se basa en el tratamiento automatizado de la información tributaria, notarial, catastral, urbanística y de mercado, homogeneizada y zonificada.

La Base de Datos de Inmuebles, identificados por la referencia catastral, incorpora los datos históricos de valores de compraventa y de tasación hipotecaria, para lo que se emplean los índices notariales.

Se añaden testigos a partir de las declaraciones de los contribuyentes y, para segmentos difíciles, se recurre a estudios de mercado, caso del encargado en 2007 para 1.000 naves industriales y 3.800 chalés.

Superpone, además, información del planeamiento urbanístico sobre las parcelas catastrales, y a su vez sobre éstas los testigos de mercado, para confeccionar zonas de valores homogéneos (Sectores Tributarios de Valoración). En 2006 la comunidad pasó de unos 4.000 a unos 4.900 sectores y durante 2007 se ha llegado a 8.100, al incorporar el suelo rústico.

Según Ignacio García Rodríguez, subdirector general de Valoraciones de la Comunidad de Madrid, el objetivo es obtener una valoración automática de referencia de los 5,3 millones de bienes inmuebles de la comunidad.

Hasta el momento se han valorado cinco millones, el 90% del parque inmobiliario. "Se ha modificado la ley de tasas para que las valoraciones previas obtenidas a través de Internet sean gratuitas, pero el ciudadano deberá conocer el valor catastral del suelo del inmueble", anotó García Rodríguez en el XIII encuentro sectorial sobre Tasación y Valoración, organizado por Cesine.

Tasaciones

En el citado encuentro, Luis Leirado, presidente de la patronal de las tasadoras (Atasa), puso sobre la mesa el descenso de las tasaciones de elementos de edificios en 2007. No llegan a 1,4 millones frente a los más de 1,6 millones de 2006. Sumando todas las realizadas por los asociados se alcanzan 1,54 millones de tasaciones mientras que hace dos años fueron 1,8 millones. Baja también el importe valorado desde los 854 millones de euros en 2006 hasta los 835 millones del pasado ejercicio.

Indicó Leirado que la garantía hipotecaria sigue siendo la principal actividad y el reto es sustituir su peso por otras. Es previsible que aumenten las operaciones de control y seguimiento de obras y al reestudio de las operaciones por parte de las entidades financieras. En el encuentro quedó patente que el marasmo legislativo ha contribuido a la disminución de operaciones, además de la complejidad que introduce la reciente Ley del Suelo 8/2007 para las valoraciones.

Entre 1997 y 2003 se contabilizan siete alteraciones de la ley del suelo estatal; súmense las autonómicas, los reglamentos y la legislación sectorial que tiene que tener en cuenta el tasador a pesar de las contradicciones entre ellas, según Alfonso Carnerero, de Tasasur. "Sólo en Andalucía se han hecho diez leyes en otros tantos años", dijo, y añadió la necesidad de que el tasador tenga en cuenta, además, el planeamiento municipal.

Respaldo

Junto a la dificultad, por la dispersión normativa y el cambio de escenario con que se enfrenta la actividad tasadora, se destacó su importancia en el mercado como puso de manifiesto Beatriz Calvo, directora de PMI, una de las tres entidades aseguradoras extranjeras, "la tercera del mundo", que cubren carteras hipotecarias de entidades financieras ante los riesgos de impago en España.

La compañía americana, que cotiza en Wall Street y lleva 40años en el mercado, apostó recientemente por España "por la solidez de las entidades financieras y la fiabilidad de las tasaciones", aseguró Calvo. Su actividad, indicó, facilita el acceso a la vivienda y a las entidades, transferir su riesgo y comercializar operaciones de titulización. "Aunque en estos momentos no se acepta papel español", matizó.